Por: Ramón Anulfo López Ledesma
Presidente de la Sociedad Dominicana de Salud Pública (SODOSAP)
En el corazón del sistema de protección social dominicano ha estallado una herida que supura indignación. El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), concebido históricamente como el baluarte y refugio de los más desprotegidos de nuestra patria, se encuentra hoy en el banquillo de los acusados. Lo que comenzó como rumores de pasillo y auditorías postergadas ha culminado en la denominada Operación Cobra, un expediente que el Ministerio Público describe como uno de los fraudes más crueles e inhumanos en la historia reciente de la administración pública dominicana.
Para la Sociedad Dominicana de Salud Pública (SODOSAP), este escándalo no puede ser tratado como un simple caso más de corrupción financiera o una disputa política de turno. Estamos ante un atentado directo contra el derecho fundamental a la salud consagrado en el artículo 61 de nuestra Constitución. Cuando se desvían fondos del seguro del Estado, el impacto no se mide únicamente en pesos o en baches fiscales; se mide de forma dramática en vidas humanas y en el dolor de las familias dominicanas.
Los detalles que arroja la investigación judicial son desoladores desde el punto de vista de la bioética y la gestión sanitaria. El entramado desmantelado no tuvo escrúpulos en manipular y traficar con los servicios destinados a pacientes con enfermedades catastróficas y de alto costo. Las auditorías revelan la adulteración de facturas de radioterapia y quimioterapia, cobrando al seguro del Estado por sesiones vitales que los pacientes con cáncer jamás recibieron. Más grave aún es el ensañamiento detectado en la facturación de servicios de hemodiálisis a nombre de pacientes que ya habían fallecido, una práctica que despojó de recursos a miles de enfermos renales vivos que hoy hacen fila esperando un espacio para recibir su tratamiento.
Este asalto estructural generó un déficit estimado inicialmente en más de RD$15,900 millones, provocando un deterioro sistémico que ya se siente en las calles: retrasos asfixiantes en los pagos a los prestadores de servicios, desabastecimiento de medicamentos esenciales y una fragilidad financiera que pone en riesgo la sostenibilidad del pilar sanitario del país.
El esquema del denominado «Peaje Médico», bajo la investigación que involucra a la pasada gestión institucional, operó anulando los controles técnicos mediante empresas de carpeta, sobornos confesos y la alteración sistemática de los estados financieros. Como sociedad científica, nos alarma profundamente cómo las estructuras de auditoría interna y los indicadores de calidad que deben proteger los fondos de salud pública fueron burlados para dar paso a la opacidad.
El Caso SeNaSa es hoy la prueba de fuego para la justicia independiente en este 2026. El ciudadano dominicano está legítimamente cansado de los paños tibios y las promesas de transparencia que se diluyen en los tribunales. Desde SODOSAP nos unimos al clamor de una sociedad que exige cero impunidad, un proceso sin dilaciones ni enfriamientos durante los meses de investigación otorgados, y, sobre todo, la recuperación total del patrimonio sustraído para que ese dinero sea devuelto de inmediato a los hospitales y al programa de fármacos de alto costo.
No se trata simplemente de castigar el robo de fondos públicos; se trata de restaurar la confianza colectiva. El seguro del Estado no es una alcancía para políticos ni para corporaciones cómplices; es un derecho sagrado para el ciudadano dominicano.
La salud pública de nuestra nación se encuentra hoy en cuidados intensivos por culpa de estas prácticas. La única medicina efectiva y el único mensaje contundente para sanar el sistema es una sentencia ejemplar que extirpe, de una vez por todas, el cáncer de la corrupción administrativa en el sector salud. Conocer nuestros derechos es el primer paso para defenderlos, y desde SODOSAP nos mantendremos vigilantes en la primera línea de esa defensa.