Por: Ramón Anulfo López Ledesma
Presidente de la Sociedad Dominicana de Salud Pública (SODOSAP)
Cuando escuchamos la frase «Salud Pública», la mente de la mayoría de los dominicanos viaja de inmediato a la fila de un hospital, a la búsqueda de una cama, a la escasez de un medicamento o al Ministerio de Salud. Es natural. Hemos aprendido a ver la salud únicamente cuando se pierde. Sin embargo, la verdadera salud pública no es el edificio del hospital; es el escudo invisible que evita que termines en él.
Para entenderlo de forma llana, imaginemos un río caudaloso. Si las personas se están cayendo al agua y ahogándose, la medicina clínica tradicional o atención en salud se encarga de disponer ambulancias, médicos y salvavidas a la orilla para sacar a los que ya cayeron y curar sus heridas. Una labor titánica y noble. La Salud Pública hace algo distinto: va río arriba, investiga por qué la gente se está cayendo y construye un puente seguro o una baranda para que nadie más vuelva a tocar el agua.
Ese «puente» se construye con acciones colectivas cotidianas que muchas veces damos por sentadas. Salud pública es el agua limpia y potable que sale por la llave, evitando brotes de cólera; es el esquema de vacunación nacional que mantiene a raya y erradicadas enfermedades que antes diezmaban la infancia dominicana; y es el control riguroso de los mosquitos que transmiten el dengue y otras enfermedades en nuestros barrios.
El escudo va mucho más allá de los virus y las bacterias. La Salud Pública moderna abarca áreas que a menudo confundimos con otros sectores. Por ejemplo, el tránsito. Los siniestros viales en las calles y autopistas dominicanas no son simples «accidentes» fortuitos; son una epidemia prevenible. Cada traumatismo, cada vida truncada sobre dos o cuatro ruedas, representa una carga dramática para nuestras salas de cuidados intensivos y un golpe al derecho fundamental a la vida. Diseñar aceras seguras, exigir el uso del casco y regular la velocidad y el consumo de alcohol, son intervenciones sanitarias tan cruciales como distribuir un fármaco.
Asimismo, la violencia en todos sus ámbitos —desde la violencia intrafamiliar y de género hasta la delincuencia en nuestras calles— es hoy uno de los desafíos de salud pública más complejos en la región de las Américas. La violencia hiere los cuerpos, destruye la salud mental de las familias, perpetúa traumas intergeneracionales y colapsa las emergencias hospitalarias. No es solo un problema policial; es un malestar social que requiere un enfoque epidemiológico para identificar sus causas, prevenir sus detonantes y sanar a las comunidades.
Es, en esencia, el artículo 61 de nuestra Constitución hecho realidad: el derecho fundamental a que el Estado proteja nuestra vida colectiva a través de un entorno seguro y saludable.
Este «escudo invisible» está a punto de recibir una de sus actualizaciones más profundas y desafiantes. El próximo mes de agosto entra en vigor el nuevo Código Penal de la República Dominicana (Ley 74-25), una reforma que impactará directamente las arterias del sistema sanitario y la convivencia social.
A partir de agosto, el debate sobre el derecho a la salud deja de ser meramente administrativo o romántico. El nuevo texto legal endurece de forma severa las consecuencias frente a la negligencia, introduce figuras como la «imprudencia consciente» en el acto médico, y establece, por primera vez en nuestra historia, que los hospitales y clínicas pueden ser responsables si no garantizan protocolos estrictos de seguridad. Pero también penaliza con mayor rigor las conductas violentas y las imprudencias graves en las vías públicas, conectando la justicia con la preservación de la vida.
Estamos frente a una doble vía histórica: por un lado, el ciudadano adquiere un blindaje legal sin precedentes para exigir que ese «puente» sobre el río se construya con los más altos estándares de calidad; por el otro, las instituciones del sistema de salud y de la sociedad se ven obligadas a transformar su gestión para proteger la dignidad humana.
La salud pública no es medicina para algunos; es la estructura que nos protege a todos. En las próximas entregas desde SODOSAP, nos proponemos desmenuzar, paso a paso y en un lenguaje accesible, cómo este nuevo orden legal, los factores sociales y los derechos fundamentales van a redefinir la forma en que vivimos, nos cuidamos y exigimos dignidad en la República Dominicana. Al final del día, conocer el derecho a estar sanos es el primer paso para poder defenderlo.

